Tras los señalamientos vertidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego a través de sus redes sociales, sobre la prórroga de su contrato en el campo de golf ubicado en Tangolunda, Santa Cruz Huatulco, el gobernador Salomón Jara Cruz, rechazó haber solicitado cantidad económica alguna para favorecer su manejo.
«Es absolutamente falso que el Gobierno del Estado haya solicitado a particular alguno la cantidad de 640 millones de pesos. Dicho polígono es propiedad de FONATUR, por lo que el Gobierno del Estado de Oaxaca no puede solicitar recursos ni iniciar negociación alguna por una instalación que no le pertenece ni se encuentra bajo su administración», escribió el mandatario en sus redes sociales.
Este es el texto que compartió el gobernante oaxaqueño:
En relación con la situación legal del campo de Golf ubicado en Huatulco, el Gobierno del Estado de Oaxaca manifiesta lo siguiente:
Hemos sido informados por Autoridades de FONATUR acerca de la prórroga que tiene a su favor un empresario para continuar con la posesión y administración del campo de Golf.
Sin embargo, es preciso aclarar que dicha prórroga fue expedida por un ex funcionario público de nombre Marco Jorge Alejandro Espinosa Ochoa, quien en su momento fungió como subdirector de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales, y no contaba con facultades para tomar tal determinación.
Tras haber detectado que se actuó fuera de los procedimientos normativos, el Gobierno Federal inició un procedimiento de responsabilidad en contra de dicho funcionario y contra quien resulte responsable de un evidente acto de corrupción.
Es absolutamente falso que el Gobierno del Estado haya solicitado a particular alguno la cantidad de 640 millones de pesos.
Dicho polígono es propiedad de FONATUR, por lo que el Gobierno del Estado de Oaxaca no puede solicitar recursos ni iniciar negociación alguna por una instalación que no le pertenece ni se encuentra bajo su administración.
También es erróneo afirmar que el campo de Golf pasará a ser propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca.
El convenio de transferencia de los servicios del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Huatulco al Gobierno Estatal, solo se limita a los servicios y la infraestructura de los mismos, vialidades, bombas, cárcamos, residuos sólidos, entre otros, con la correspondiente donación de la propiedad, pero no así de los demás polígonos que se encuentran dentro del decreto expropiatorio, pues esos seguirán en propiedad de FONATUR y ahí es en donde se ubica el polígono correspondiente al Campo de Golf.
Estamos enterados que en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el 12 de octubre del año pasado, el estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para justificar la expedición del Decreto, por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de parque nacional, el sitio conocido como Tangolunda, con una superficie total de 110-32-95.37 hectáreas, ubicado en el municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca, que corresponde al campo de Golf, lo cual es competencia exclusiva del Gobierno Federal.
En su momento, el Gobierno de la República planteó dos alternativas: venderlo al último concesionario, la empresa Producciones Especializadas, S.A. de C.V., cumpliendo estrictas condiciones de protección ambiental, o declararlo área natural protegida.
Al no haber condiciones para un acuerdo, la ruta decidida por el Gobierno Federal ha sido la protección legal de esta importante área natural.
Dicho lo anterior, conviene recordar que Don Benito Juárez García decía que “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
El Gobierno del Estado de Oaxaca se apegará siempre a la legalidad y garantizará los derechos de todas las personas que sientan afectación alguna.
Apegados al ejemplo del Presidente de la República y a los valores que orientan la cuarta transformación, demostraremos que ya nada es como antes.
Lo que en el pasado se arreglaba con dinero, influencias y corrupción, ahora se resuelve con honestidad, transparencia y de cara al pueblo.
Ningún capricho ni concesión irregular puede estar por encima del interés de la nación.
El patrimonio del pueblo le pertenece a la gente.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar su conservación y uso a favor del bienestar colectivo.
